Uruguay ha establecido una agenda para su desarrollo energético desde el año 2008 con el fin de transformar su matriz energética de modo de reducir al mínimo las emisiones de CO2.

Acompañando este objetivo, su política energética tiende a que el país -sin recursos hidrocarburíferos- reduzca su dependencia de las importaciones de combustibles.

Con el fin de avanzar en este camino, la legislación uruguaya pone a disposición del inversionista extranjero una variedad de beneficios financieros y fiscales para promover la instalación de fuentes de energía renovable, movilidad sustentable y de hidrógeno verde. Ello en el marco de una serie de regulaciones que incentivan y protegen la inversión foránea.

Debe destacarse que el territorio uruguayo, por sus características naturales, resulta en un lugar de óptimas condiciones para el desarrollo de estas tecnologías: terreno plano, cercanía con el océano, abundancia de agua, y baja densidad demográfica.

Como consecuencia de todo ello, la capacidad instalada en energía eólica, solar y biomasa ha crecido de 0 a 2100MW en los últimos 15 años.

Vale la pena recalcar que la existencia de una excelente infraestructura en interconexiones eléctricas, viales y portuarias, hacen que Uruguay sea un lugar de privilegio para la exportación de energía e hidrógeno verde.